Participan Comisionados en mesa técnica para la armonización de la Ley General de Archivos con legislaciones locales

Lunes 22 de junio de 2020

Los Comisionados integrantes de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), participaron en la mesa de trabajo con miras a la próxima armonización de la Ley General de Archivos con legislaciones estatales, encuentro del que formó parte activa la Comisionada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), Amelia Lucía Martínez Portillo.

Esta mesa de trabajo, coordinada por el Congreso del Estado de Chihuahua en conjunto con la Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, Areli Yamilet Navarrete Naranjo, quien además, ocupa la Coordinación de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, permitió hacer el análisis de los avances registrados en la tarea de armonización de las leyes locales a la federal.

La Ley General de Archivos entró en vigor el 15 de junio de 2019, lo que además significó el inicio del plazo de un año posterior a su publicación, para que los Estados armonizaran su legislación local a la federal.

Con la Ley General de Archivos y la armonización de las legislaciones locales, se podrán generar las normas y políticas nacionales relativas a la gestión documental y de administración de archivos.

Los participantes en esta mesa de trabajo, concurrieron en considerar que al contar con leyes armonizadas en materia de archivos, será posible conservar la memoria nacional, contar con una pieza fundamental de la democracia moderna, pues permitirá prevenir la simulación, la discrecionalidad y la improvisación gubernamental que ha imperado en el pasado.

Estas normas, de las leyes de archivo, deben ser cumplidas por todos los Sujetos Obligados, por toda instancia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomas, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como por cualquier persona física o moral, que reciba y ejerza recursos públicos o que realice actos de autoridad en los tres órdenes de gobierno.